EL FISCAL HÉCTOR TONEGUZZO PIDIÓ LA ELEVACIÓN A JUICIO ORAL EN LA CAUSA INICIADA A UNA VECINA DE LOMAS DE ZAMORA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ POR EL DELITO DE ENTORPECIMIENTO AL TRANSITO
Así lo dispuso el letrado a cargo de la UFI Nº3 de Lomas de Zamora el pasado martes 18 de agosto, en la causa que se le sigue a la vecina por un corte de calles realizado en marzo del 2009 en reclamo de obras de mejoras para el barrio de Ingeniero Budge.
En una de las causas más cuestionadas de los últimos tiempos en la justicia lomense, debido a las innumerables denuncias que pesan sobre el proceso, por irregularidades y atropellos varios de los que fue objeto la vecina imputada Dora Oviedo y sobre el cuál extrañamente el juez de garantías no se ha expedido en torno al pedido de nulidad presentado por la defensa el pasado viernes 25 de junio de 2010, una nueva noticia a levantado como reguero de pólvora los ánimos de los vecinos del centenario barrio de Ingeniero Budge, luego de que se conociese que el fiscal habría elevado el pedido de juicio oral instando a la defensa de la vecina a cargo de CORREPI en los términos del Art. 336 del CCP.
Ahora bien, como al parecer no podría ser de otra manera en un proceso por demás disparatado, la cédula judicial con el pedido de elevación al juicio oral que se expidió el martes 18 de agosto dirigida a la defensa de la vecina, no tomó en consideración que el mismo lunes 17 de agosto, es decir un día antes, la vecina imputada junto a miembros de CORREPI (Coordinadora de lucha contra la represión policial e institucional) habrían presentado como nuevos letrados a cargo de la defensa a los Dres. María del Carmen Verdú- Jalil, por lo que, asiendo caso omiso a la anterior designación, la notificación fue dirigida erróneamente a la letrada que había cesado al cargo de la defensa de la vecina María Teresa Larramendy.
Así lo explicita el texto que éste lunes presentará ante el juzgado de garantías la actual defensa a cargo de la causa a fin de notificar la salvedad: “con fecha 18 de agosto de 2010, la anterior letrada a cargo de la defensa de la vecina, recibió una notificación en la causa emplazando a la defensa en los términos del Art. 336 CCP.”, solicitando a su vez, se remita nuevamente la cédula judicial junto al texto de requerimiento por el cual el fiscal Toneguzzo fundamenta el pedido de elevación a juicio oral, un documento central omitido en el anterior despacho:
“En consecuencia, tenemos que la notificación fue dirigida a quién ha cesado en el cargo conferido, y no ha esta defensa, debidamente tenida por tal a partir de la aceptación del cargo el 17/08/2010, lo que requiere una nueva notificación al domicilio que fuera constituido y se reitera en el encabezado.”
Más adelante en el texto sigue:
En tal ocasión, se podrá subsanar la omisión, sin dudas involuntaria, de adjunción de la copia completa del requerimiento de elevación, la que resulta indispensable, no sólo porque debiéndose constatar un traslado es obvia la obligación genérica de acompañarlo, sino porque así lo manda el texto legal ARTICULO 336 “Las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas al defensor del imputado…”
Luego sostiene enfáticamente que:
“De lo contrario, la defensa del imputado no podrá conocer, por ejemplo, qué calificación legal escogió el fiscal ni con qué argumentos la sostiene”
De manera que una vez más está causa nos lleva al terreno de lo inusitado, no sólo porque se penalice al vecino que se niega a seguir viviendo en condiciones de vida lamentables, sin acceso a servicios básicos, expuestos directamente a la contaminación del Matanza- Riachuelo, sin presencia alguna del estado, sino porque además, la propia institución judicial pareciera en su accionar lamentable subvertir todo aquello por lo que en un estado de derecho puede ser sostenida como tal, no sólo le vuelve la espalda al vecino, cuando debiera ser quién se ponga a la cabeza de los reclamos para reparar el Abando y el atropello del estado en sus diferentes formas, sino que asume y convalidad dicho abandono, dicho atropello.
En este escenario, la asamblea vecinal de Ingeniero Budge de la cual es miembro la vecina imputada Dora Oviedo, ha decidido convocar a la comunidad toda, vecinos, asambleas, organizaciones sociales y políticas a sumar apoyos y esfuerzos a fin de elaborar un documento conjunto de repudió a esta medida judicial y en contra de la persecución del reclamo vecinal, documento con el que se procederá a juntar firmas a fin de ser presentado ante el Juez de garantías de la causa, en conjunto con la presentación que ha de realizar próximamente la defensa a cargo de CORREPI.
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